En la provincia de Chiriquí, millones de dólares de los contribuyentes permanecen congelados entre la burocracia y el cemento. Desde un tanque de agua vacío de 250.000 litros en las faldas del volcán Barú hasta una cancha de fútbol sintética de grado FIFA sin instalar y almacenada, la ciudad de Volcán refleja una epidemia nacional.
Un patrón de fallas institucionales, cambios drásticos en la política y despilfarro fiscal paraliza sistemáticamente las obras públicas en toda la República de Panamá.
Cuatro problemáticas iniciativas de infraestructura en Tierras Altas representan más de 23,2 millones de dólares de capital público que se han visto obstaculizados por la burocracia:
- El Complejo de Viviendas Paso Ancho (5,66 millones de dólares): Diseñado en 2022 para realojar a 116 familias desplazadas por los catastróficos deslizamientos de tierra de los huracanes Eta e Iota, este proyecto se paralizó durante la administración anterior. El Estado no pagó las facturas en repetidas ocasiones, dejando al constructor original sin fondos para pagar a los trabajadores o comprar materiales. Si bien la administración actual ha acelerado recientemente la construcción de las estructuras de las viviendas, el proyecto ahora debe someterse a una auditoría para resolver las inconsistencias entre los registros históricos y actuales de beneficiarios.
- El Sistema de Agua de Modernización de Tzingal ($6.26M): Orquestado por el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN), este sistema hidráulico cuenta con un tanque de almacenamiento completamente nuevo de 250,000 galones que actualmente solo almacena aire. Atrapado en un ciclo de retrasos burocráticos y una fuerte oposición ciudadana desde 2021, el sistema multimillonario permanece inconcluso.
- El Centro de Visitantes y Parque Central del Volcán ($7.69M): Respaldado por la Autoridad de Turismo de Panamá y cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este ambicioso desarrollo ecoturístico es una estructura esquelética de cerchas metálicas desnudas. El contratista original, OH Ingeniería, logró un avance físico de apenas el 7,26% durante un año antes de ser destituido por infracciones ambientales, subcontratación no autorizada y por no proporcionar registros financieros claros que justificaran su anticipo inicial del 10%. El nuevo constructor heredó un cronograma imposible, además de una deuda de $713.464 por anticipos no devengados que deberá saldarse mediante el cumplimiento de hitos futuros.
- El Estadio de Fútbol y Complejo Deportivo Volcán ($3,66 millones): Originalmente encargado en julio de 2017 como un proyecto con un plazo estricto de 14 meses, este estadio deportivo se ha transformado en una agotadora batalla legal de 98 meses. Paralizado desde octubre de 2025, el sitio es un ejemplo de disfunción administrativa. El contrato se encuentra actualmente en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP). Mientras tanto, el césped sintético importado, que cumple con las normas de la FIFA, permanece almacenado, mientras que la base de grava sin protección en el sitio se ha contaminado con lodo de montaña, destruyendo su sistema de drenaje.
La hemorragia financiera observada en Chiriquí es insignificante comparada con el costo macroeconómico general que se extrae de los ciudadanos panameños.
- El 4,4% de la pérdida de efectivo del PIB: Estudios exhaustivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de organizaciones internacionales de transparencia como la Iniciativa para la Transparencia en Infraestructura (CoST) revelan que la ineficiencia burocrática, el despilfarro en la contratación pública y las fugas estructurales consumen aproximadamente el 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá. Para una economía cercana a los 80 mil millones de dólares, esto se traduce en una pérdida estimada de entre 3 mil y 3.5 mil millones de dólares de la riqueza de los contribuyentes cada año.
- La presión sobre los megaproyectos nacionales: Este patrón se agrava exponencialmente al analizar los megaproyectos nacionales. La construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá se fracturó y se detuvo en 2020 debido a disputas de financiamiento, lo que disparó su costo total en aproximadamente 1.800 millones de dólares en capital desperdiciado antes incluso de alcanzar una cuarta parte de su finalización física. De manera similar, el sonado litigio internacional en torno a la ampliación del Canal de Panamá vio a consorcios reclamar agresivamente miles de millones de dólares en sobrecostos al Estado.
- El ciclo de la deuda: Debido a que enormes cantidades de fondos públicos permanecen inmovilizadas en activos improductivos y paralizados que no generan ningún retorno económico, el déficit fiscal de Panamá continúa aumentando. Los ingresos de los contribuyentes se desvían cada vez más de la salud pública y la educación rural simplemente para cubrir más de 2.100 millones de dólares en necesidades de financiamiento de la deuda nacional bruta.
La anatomía del fracaso: ¿Por qué persiste?
El estancamiento estructural de los proyectos en Panamá persiste debido a realidades políticas, legales y operativas profundamente arraigadas:
- El reinicio presidencial quinquenal: Las obras públicas panameñas están estrechamente ligadas al ciclo político. Cuando hay un cambio de gobierno, el partido gobernante entrante suele congelar los proyectos en curso para realizar auditorías exhaustivas, reasignar fondos o favorecer a la administración. Esta purga política genera graves retrasos en los pagos, interrumpiendo el flujo de caja de los contratistas a mitad de la construcción y forzando el abandono de las obras.
- La laguna jurídica del “licitador más barato”: Bajo la aplicación histórica de la Ley 22 de 2006, que rige el mecanismo de contratación pública PanamaCompra, las agencias estatales seleccionan con frecuencia a los contratistas basándose casi exclusivamente en el precio más bajo, eludiendo auditorías rigurosas de su desempeño anterior o solvencia. Los contratistas ofrecen precios más bajos para ganar el contrato, se enfrentan a inevitables choques inflacionarios y caen en impago, lo que provoca estancamientos plurianuales en el TACP.
- Transparencia institucional estancada: La debilidad estructural de la administración pública panameña está documentada internacionalmente. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional sitúa a Panamá en el puesto 33 de 100, ocupando el puesto 116 de 182 naciones evaluadas. Esta persistente falta de progreso institucional, que se ha prolongado durante una década, pone de manifiesto un sistema en el que las entidades independientes de control y equilibrio carecen de la autoridad vinculante necesaria para detener el despilfarro antes de que comience.
- Ceguera geográfica: La realidad tropical de Panamá, caracterizada por lluvias torrenciales en las tierras altas, inundaciones repentinas y sedimentación rápida, se subestima continuamente en los diseños de ingeniería civil. Cuando un proyecto se retrasa incluso por una sola temporada de disputas políticas, el clima volátil de la montaña degrada rápidamente las estructuras de acero expuestas y obstruye los agregados de los cimientos sin protección. Para cuando el Estado resuelve sus disputas legales, las estructuras físicas se han deteriorado tanto que el activo debe ser rediseñado desde cero, lo que dispara los presupuestos de los proyectos hasta límites insostenibles.
Para comprender cómo estos problemas afectan a la población en general, podemos analizar directamente las cifras. Cuando se pierden miles de millones de dólares por trámites burocráticos y retrasos en los proyectos, no se trata solo de una estadística macroeconómica abstracta, sino de un impuesto financiero directo que sale del bolsillo de cada persona que vive en el país.
Para comprender cómo estos problemas afectan a la gente común, podemos analizar las cifras directamente. Cuando se pierden miles de millones de dólares por trámites burocráticos y retrasos en los proyectos, no se trata solo de una estadística macroeconómica abstracta, sino de un impuesto financiero directo que sale del bolsillo de cada persona que vive en el país.
El costo financiero por persona, sumado a la realidad humana cotidiana de estos fallos, se desglosa de la siguiente manera:
1. La pérdida financiera per cápita
Panamá tiene una población de aproximadamente 4,5 millones de personas. Si tomamos las estimaciones internacionales e institucionales de entre 3.000 y 3.500 millones de dólares que se pierden anualmente debido a la ineficiencia burocrática, el despilfarro en las adquisiciones y la corrupción, las cifras revelan una pérdida directa asombrosa:
Cada ciudadano pierde entre 660 y 770 dólares per cápita cada año.
Para una familia panameña promedio de cuatro miembros, esto equivale a una pérdida anual de entre 2.640 y 3.080 dólares en valor económico robado o desperdiciado.
Para poner esto en perspectiva, para un ciudadano común, 700 dólares equivalen a más de un mes de salario para un trabajador que gana el salario mínimo nacional. En lugar de que este dinero permanezca en la economía para financiar mejores salarios públicos, herramientas digitales modernas para las escuelas u hospitales funcionales, se esfuma por completo debido a estructuras a medio construir y bloqueos legales.
2. El costo de oportunidad
Las cifras financieras solo cuentan una parte de la historia. El verdadero impacto en la gente común se mide en tiempo perdido, seguridad comprometida y confianza comunitaria destruida:
- El costo del suministro de agua mediante camiones cisterna: Cuando un proyecto como el sistema Tzingal, valorado en 6,26 millones de dólares, se paraliza y un megatanque permanece vacío, las familias comunes de Tierras Altas sufren cortes de agua severos y baja presión. Para sobrevivir, los residentes deben pagar de su propio bolsillo a proveedores privados por agua embotellada o entregas de agua mediante camiones cisterna. Esto impone una doble carga a los ciudadanos más pobres, quienes ya financiaron un sistema público de agua con fondos nacionales.
- El costo para la seguridad y la salud: Las familias desplazadas por los huracanes Eta e Iota se vieron obligadas a esperar más de 2000 días en refugios temporales e inestables o en habitaciones superpobladas debido a que el complejo de viviendas Paso Ancho quedó paralizado por la falta de pago estatal. El costo humano se mide en años de dignidad perdida, problemas respiratorios derivados de las precarias condiciones de los refugios temporales y estrés mental.
- Desarrollo juvenil truncado: En Volcán, se estima que 5000 jóvenes atletas y residentes locales han estado completamente privados de instalaciones deportivas desde 2017. Mientras los abogados discuten sobre expedientes extraviados en los juzgados, varias generaciones de niños crecen sin espacios seguros donde jugar, hacer ejercicio o evitar la delincuencia local. El césped artificial permanece almacenado mientras los niños juegan en el barro y la grava.
- Estancamiento económico para las pequeñas empresas: Cuando el Centro de Visitantes de Volcán se reduce a una mera estructura metálica, los caficultores, tejedores artesanos y cultivadores de orquídeas locales pierden una plataforma de gran visibilidad para vender directamente a los viajeros. Se les impide activamente captar los valiosos ingresos del ecoturismo, que en cambio van a parar íntegramente a la vecina Boquete.
3. El “impuesto al tiempo” en la burocracia cotidiana
Finalmente, la ineficiencia afecta a la gente común a través de un enorme “impuesto al tiempo”. Debido a que los servicios públicos no están digitalizados ni integrados, un ciudadano común debe frecuentemente ausentarse del trabajo sin goce de sueldo, pagar el transporte público regional y esperar largas filas en las oficinas municipales solo para presentar trámites básicos, verificar un título de propiedad o inscribirse en un programa público.
El éxito del presidente José Raúl Mulino en su intento de transformar radicalmente la cultura política de Panamá es una de las preguntas más cruciales que enfrenta el país.
La probabilidad de su éxito a largo plazo es incierta.
Se divide en dos fuerzas contrastantes: los argumentos a favor de su posible éxito y las fuertes barreras institucionales que sugieren que la cultura persistirá.
🟢 Argumentos a favor del éxito
Pragmatismo técnico agresivo: Como se observó en el complejo de viviendas Paso Ancho en Tierras Altas, la administración de Mulino ha demostrado ser eficaz para sortear el estancamiento político y reactivar las obras de construcción paralizadas. Al abordar con determinación la deuda heredada del estado y ordenar un reequilibrio financiero, su administración ha revitalizado la ejecución de proyectos en ministerios estancados.
Retórica de tolerancia cero: Mulino ha adoptado una postura pública firme contra el favoritismo político tradicional. Ha comunicado abiertamente que opera sin un círculo de influencias privilegiadas, advirtiendo explícitamente a los ministros que cualquier persona sorprendida intercambiando favores o aceptando sobornos será destituida de inmediato y entregada a los investigadores criminales.
Nuevas salvaguardias legislativas: El Ministerio de Seguridad de su administración ha impulsado proactivamente un proyecto de ley integral dirigido a la infraestructura crítica y los servicios esenciales. Esta legislación busca imponer estrictos protocolos de seguridad, auditoría financiera y contratación pública en puentes, plantas de tratamiento de agua y obras públicas para prevenir el abandono administrativo.
La ambición constitucional: Consciente de que un cambio estructural profundo requiere empezar de cero, Mulino ha manifestado repetidamente su aspiración de supervisar la redacción de una Constitución completamente nueva, con el objetivo de que el próximo presidente jure el cargo bajo un marco modernizado que limite la impunidad institucional.
🔴 Argumentos en contra del éxito
Una Asamblea Nacional altamente fragmentada: Si bien el poder ejecutivo puede exigir transparencia, el poder real para modificar las leyes de contratación pública y recortar los abultados presupuestos estatales reside en una Asamblea Nacional sumamente fragmentada y compleja. Las maniobras políticas, las negociaciones a puerta cerrada y las disputas por el control de las comisiones siguen amenazando con estancarse en reformas legislativas cruciales.
La presión de las promesas de campaña frente a la realidad fiscal: Mulino llegó al poder prometiendo un retorno masivo al crecimiento económico impulsado por megaproyectos nacionales multimillonarios y sumamente ambiciosos, entre los que destaca una línea ferroviaria que conectaría la Ciudad de Panamá con la ciudad de David. Sin embargo, las evaluaciones internas que advierten de un elevado déficit fiscal implican que su administración enfrenta una grave escasez de fondos. Esta presión podría tentar al gobierno a recurrir a antiguas lagunas legales para la contratación rápida, con el fin de iniciar las obras con celeridad, eludiendo los protocolos estructurales contra la ineficiencia.
La fractura del movimiento reformista: Un verdadero cambio cultural requiere un impulso sostenido de los movimientos políticos independientes (como la coalición Vamos) que ingresaron al parlamento para desmantelar el clientelismo. Sin embargo, las disputas internas, los rumores de escisiones y las intensas maniobras por los cargos de liderazgo parlamentario amenazan con fracturar el frente independiente. Si las fuerzas independientes de control y equilibrio se disuelven en disputas políticas internas, las redes clientelistas tradicionales intervendrán rápidamente para recuperar el control del gasto público.
En última instancia, José Raúl Mulino podría tener un gran éxito como gestor ejecutivo capaz de impulsar la finalización de proyectos físicos paralizados, como lo demuestra la habilidad de su administración para sacar proyectos del limbo mediante una férrea voluntad administrativa.
Sin embargo, cambiar una cultura política requiere más que completar estructuras de concreto. A menos que su administración logre cerrar definitivamente la brecha con los legisladores independientes para aprobar reformas integrales del servicio civil, desmantelar las trampas de la Ley 22 que favorecen al “licitador más barato” y proteger las obras públicas del ciclo electoral quinquenal, las vulnerabilidades fundamentales que socavaron los proyectos de Tierras Altas podrían persistir, poniendo en riesgo la próxima generación de inversión pública.